Los tribunales de Estados Unidos registraron este martes la primera demanda colectiva o “class action” contra los responsables internacionales del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.
Un mes después del escándalo, fueron denunciados la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.
Los inversores afectados reclamaron una compensación, además de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.
El estudio Burwick excluyó de manera deliberada entre los demandados al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También obvió a otros protagonistas argentinos de $LIBRA, entre los que figuran Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros.
La exclusión del Presidente y otros argentinos entre los demandados respondió a la decisión de los demandantes de ir por la vía civil y buscar un resarcimiento económico en Estados Unidos, y evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes, por lo que calificaron como un “lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto” de la criptomoneda.
Por otra parte, La Cámara Federal porteña resolverá este martes si acepta como querellantes a tres jóvenes que dijeron haber invertido en la criptomoneda incentivados por el posteo en la red social X que publicó el presidente Javier Milei la tarde del pasado 14 de febrero.
Los camaristas de la sala dos del Tribunal de Apelaciones Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah concretaron hoy una audiencia donde escucharon al dirigente social y abogado Juan Grabois, quien patrocina a tres inversores que buscan ser aceptados como querellantes en la investigación a cargo de la jueza María Servini.
La magistrada rechazó aceptarlos como querellantes por considerarlo “prematuro” en relación a que aún no se establecieron los delitos concretos bajo investigación y a que debe determinarse la “trazabilidad” de la maniobra.
Con información de La Nación
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