En una decisión unánime, la Corte Suprema de Brasil votó a favor de enviar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.
Con los votos de los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zaninel exmandatario y otros siete acusados, entre ellos exministros y militares de alto rango, fueron denunciados por la fiscalía general por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio público”.
Según la Fiscalía, Bolsonaro, de 70 años, lideró un complot para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota en las elecciones de 2022. Entre las medidas que habrían considerado que los acusados figuraban la declaración de un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes.
Además, la investigación vincula directamente al expresidente con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes bolsonaristas asaltaron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto en Brasilia.
El presunto plan no se concretó debido a la falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.
Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
Hasta el momento, el exmandatario niega todas las acusaciones y se declara víctima de una “persecución política” para impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2026.
“Se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil», afirmó el expresidente en un comunicado.
Su abogado, Celso Sánchez Vilardi , sostiene que “contra Bolsonaro no se halló absolutamente nada” y ha intentado sin éxito recusar a jueces clave del caso, incluido Alexandre de Moraes, quien es señalado como uno de los objetivos del supuesto complot.
Bolsonaro se encuentra actualmente inhabilitado hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas. Sin embargo, confía en que su situación judicial pueda revertirse antes de las próximas elecciones presidenciales.
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