“Responsabilidad directa del inútil soviético”: Milei cargó contra Kicillof por el fallo que ordena entregar el 51% de YPF

El presidente Javier Milei cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof tras el fallo de la justicia de Estados Unidos que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. No obstante, aseguró que el país apelará la medida.

“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”, cargó el mandatario desde su cuenta de X.

“Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, sostuvo Milei.

“Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”, dijo el jefe de Estado y cerró: “PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”

El fallo

La decisión de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, responde al pedido de los demandantes de embargar las acciones de la empresa argentina.

En consecuencia, el fallo en favor de los fondos Burford y Eton Capital sería como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.100 millones más intereses que se determinó en 2023.

“La República deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para que inicie la transferencia de la participación accionaria de la República en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha de depósito de las acciones en la cuenta”, señala el fallo de Preska.

El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos había solicitado en noviembre pasado que se rechace este pedido de los demandantes. Ahora el Estado argentino apelará el fallo.

La jueza Preska determinó en primera instancia que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.

Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.

Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.

“La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska, al punto tal que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos había apoyado con un escrito amicus la postura de la defensa argentina. La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación”, dijo Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández.

Soler también recordó que “el artículo 10 de la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la previa aprobación del Congreso”.