El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su gestión.
El magistrado procesó al exmandatario por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” que tiene una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.
Casanello considera que Fernández favoreció los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista).
De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.
Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.
Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de 2252 millones de pesos y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros. Mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del brókebrokero Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.
En su fallo, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).
Con información de La Nación
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