Willy Kohan: “¿Plan Duhalde?: el que gastó dólares, pagará dólares”

Está claro que el Gobierno no encuentra la forma de recomponer la confianza en los mercados. A dos semanas de haberse anunciado el acuerdo con los acreedores internacionales,  las acciones y los bonos argentinos han perdido buena parte de lo que habían ganado, en tanto el Banco Central se queda sin reservas porque el público y las empresas le sacan al Gobierno todos los dólares que puedan al subsidiado precio oficial de 75 pesos, más o menos los impuestos del caso.

Algo va a tener que hacer el Gobierno con el dólar, ya que las matemáticas no son una opinión y las cuentas, dólar más dólar menos, son evidentes: reservas cash quedan menos de 10 mil millones, apenas dos o tres meses de importaciones de una economía chiquita como la que hoy es la Argentina.

Dado que nunca está disponible la solución de fondo, que es un dólar único, libre y sin cepo, con intervención del Central si fuera necesario, equilibrando el déficit con menos gasto y menos emisión el punto es qué camino elegirá entonces el Gobierno para dejar de vender reservas y tratar, al revés, de empezar a comprar. Lograr que alguien le venda dólares al Gobierno, además de los exportadores que lo hacen porque están obligados.

Hasta ahora la política ha sido siempre la misma: extremar el cepo, al punto de amagar ya ni siquiera con permitir el dólar ahorro y, desde luego, restringir las divisas para las importaciones. Cupos al ingreso de bienes importados, automóviles y otros rubros sensibles como textiles, por el momento. Supone el Palacio de Hacienda que cuando se formalice el canje de la deuda, con la emisión y cotización de los nuevos bonos en dólares y en pesos, la presión cambiaria debería ceder.

¿Y si no cede? Aún durante el shock de confianza y la lluvia de dólares financieros que ingresaron en los dos primeros años de la gestión Macri, la gente seguía comprando dólares. Entre 1500 y 2000 millones por mes, con mercado libre, sin cepo y sin brecha.

El cepo extremo de Alberto Fernández no ha dado resultado en lo cambiario, aunque algunos sectores industriales se entusiasman con la mayor demanda que ahora observan de clientes que, en lugar de quedarse con los pesos en la mano, prefieren comprar mercadería que empieza a faltar o sube de precio por la falta de productos y el cepo a las importaciones.

El Gobierno puede entonces endurecer más el cepo y seguir limitando importaciones y puede a la vez acelerar la devaluación del dólar oficial, incluso con un salto cambiario para reducir la brecha como tuvo que realizar la dupla Fábrega-Kicillof en 2014. Sincerar la devaluación será sin duda lo último en realizar aunque, si hay que devaluar, siempre conviene hacerlo lejos de las elecciones del año que viene.

Tarde o temprano habrá problemas con el dólar turista, para pasajes y compras con tarjeta de productos en dólares. Podría el Gobierno aumentar de 30% a 50% o más el impuesto al turismo para desalentar viajes. También podría obligar a los que tienen dólares declarados que los usen para pagar esos servicios y consumos. Una solución a lo Duhalde, pero de verdad: «El que gastó dólares, pagará dólares».

No se alcanza a comprender por qué no se opta por lo más simple: un dólar financiero libre y legal en bancos y casas de cambio para turismo y ahorro, de modo que no sea el Banco Central el que tenga que proveer las reservas para subsidiar esos consumos con dólar controlado.

Se agrega un elemento adicional al problema de la oferta de dólares. No solamente el control de cambios desalienta el ingreso de divisas, cuenta que es peor para el campo por la doble Nelson de dólar oficial menos retenciones que da un tipo de cambio de 45 pesos. Pero además hay que advertir la falta de lluvias que puede comprometer el volumen de dólares esperados hacia diciembre por la cosecha de trigo, además de los efectos en la siembra de la cosecha gruesa que trae los dólares entre abril y agosto.

A la tensión cambiaria se agrega una creciente y preocupante tensión política. La reacción del Gobierno al multitudinario banderazo del 17 de agosto alcanzó niveles de violencia política discursiva muy preocupantes.

La pelea por la reforma para politizar la Justicia se torna cada vez más dramática y aleja al Gobierno de la agenda más urgente, la que requiere acuerdos políticos necesarios para enfrentar la crisis económica y sanitaria; discutir en serio cómo sigue el país con las cuarentenas saturadas, y sobre todo cómo se reducen los niveles de inseguridad desesperantes a los que se ven sometidos todos los sectores sociales.

Nada de eso está disponible. La batalla política entre el Gobierno y la oposición escala con niveles peligrosos de violencia verbal. En el Congreso la pelea por la reforma judicial será muy desgastante. Con menos de un año en el Gobierno, Alberto Fernández tiene otra vez el país dividido, la grieta cada vez más profunda y el Gobierno paralizado. La gente, obvio, se cubre de los desquicios de la dirigencia como puede y como sabe. Como siempre, comprando dólares.