Confirmaron que Argentina pidió la suspensión de la sentencia contra YPF

“El fallo contradice la Ley 26.741, que exige aprobación parlamentaria para cualquier cesión accionaria y viola la inmunidad soberana de Argentina”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El Gobierno argentino, a través de sus representantes legales, solicitó formalmente a la jueza estadounidense Loretta Preska la suspensión de la sentencia que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fondo Burford Capital, en el marco del litigio por la estatización de la petrolera.

Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y referente en este caso, la administración de Javier Milei no está dispuesta a negociar con Burford hasta que se resuelva la apelación pendiente. Consideran que ejecutar una transferencia accionaria en este punto sería un «daño irreparable», ya que la sentencia aún no ha sido revisada por un tribunal superior.

El Gobierno sostiene que la cifra de la sentencia, estimada en USD 16.000 millones, puede ser reducida drásticamente con argumentos jurídicos sólidos. Además, acusa a Preska de excederse en su jurisdicción, ya que no puede ordenar a un Estado soberano entregar acciones que ni siquiera están legalmente bajo su dominio, sino registradas en la Caja de Valores.

“El fallo contradice la Ley 26.741, que exige aprobación parlamentaria para cualquier cesión accionaria y viola la inmunidad soberana de Argentina”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. En su cuenta de X, Adorni también subrayó que YPF es un activo estratégico y su control está garantizado por ley.

Los abogados del Estado argumentaron que si las acciones fueran transferidas y luego revendidas, el daño sería irreversible, incluso si más adelante se revoca la sentencia.

La jueza Preska podría emitir una resolución en los próximos días. En caso de una negativa a suspender la ejecución, el Gobierno adelantó que acudirá de urgencia al Segundo Circuito para intentar frenar la medida.