El ministerio de Trabajo dispuso este miércoles la conciliación obligatoria por el término de 15 días e intimó a las prestadoras a dejar sin efecto la medida anunciada para jueves y viernes que preveía atender solo urgencias, en reclamo de una suba de los aranceles que perciben de los financiadores (obras sociales y prepagas).
Además, la cartera liderada por Claudio Moroni convocó a las partes a una audiencia, el miércoles 7 a las 13.
Cabe recordar que el Sindicato de Sanidad también había anunciado una medida de fuerza de cuatro horas por turno.
Los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) insistieron en la “gran preocupación” del sector ante “la falta de financiamiento necesario para poder afrontar los nuevos aumentos salariales en el marco de las paritarias 2021″ y reclamaron “al Gobierno y a todos los financiadores del sistema (obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga) la urgente actualización de los aranceles prestacionales”. Por eso convocaron a las instituciones de salud a postergar las asistencias médicas programadas no urgentes de los próximos jueves y viernes.
José Sánchez, presidente de la FAPS, afirmó que el “principal compromiso como prestadores de salud es con la vida, con nuestros equipos de salud y con las instituciones”. Consideró que “siete de cada diez argentinos es atendido por el sistema de salud privada, que ha estado a la altura de las circunstancias en la atención durante la pandemia”.
“Es una obligación repensar el sistema para la actualización automática de los ingresos prestacionales. Si la situación sigue deteriorándose, ya no podremos repensar el sistema de salud, sino que deberemos reconstruirlo”, agregó.
Por su parte Jorge Cherro, integrante de la FAPS, indicó que “para evitar el desfinanciamiento total del sistema, los prestadores debemos conformar un bloque fuerte y sin fisuras para negociar una importante actualización arancelaria y la necesaria reforma fiscal que venimos demandando”.
Tras el revés del Senado, renunció García Mansilla y la Corte vuelve a funcionar con tres miembros