Diputados aprobó la admisibilidad del juicio a la Corte

El Frente de Todos se impuso por 16 votos contra 15 de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal por lo que el proceso contra los titulares del tribunal supremo avanzará a la siguiente etapa.
El oficialismo logró aprobar por mayoría la admisibilidad del Juicio Político a la Corte Suprema, para así avanzar hacia la apertura del sumario en el que se acumularán las pruebas que sostengan la acusación.
En la reunión de la Comisión que trató el pedido de juicio del Gobierno contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el Frente de Todos se impuso por 16 votos contra 15 de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal.
Los representantes del FdT compartieron un texto en el que se incluyeron los 14 expedientes contra los miembros de la Corte Suprema. «Solicitamos el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones», expresaron en el escrito.
Además, en el comunicado que fue leído por la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, indican que «los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales».
Por otro lado, en la propuesta de inadmisibilidad que presentó Juntos por el Cambio, señalaron que «el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez».
«Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial», agregaron.
Con la luz verde en Diputados, la comisión de Juicio Político deberá definir el cronograma de trabajo que tendrá en la etapa de recolección de pruebas que incluirá la convocatoria de testigos, un trámite que se desarrollaría en tres meses.
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