La decisión judicial considera que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional.
El DNU introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical.
El fallo contó con la aprobación de los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, y con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González.
En el Gobierno confiaban en que los camaristas del Trabajo se desprenderían del caso y lo girarían a la justicia en lo contencioso administrativo, tal como había pedido el fiscal general de la Cámara del Trabajo, pero los camaristas tomaron otra decisión.
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