El fiscal Ramiro González decidió imputar al presidente Alberto Fernández en la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta, además de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio del año pasado.
González intenta determinar si se violó el DNU dictado por el propio Fernández, que prohibía las reuniones sociales y solo habilitaba la circulación de personas esenciales.
Presionado por el fiscal, el jefe de Estado se vio obligado a presentarse ante la Justicia. Al hacerlo pidió ser sobreseído y que se cierre la causa en su contra. Fuentes oficiales informaron que Alberto “donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante cuatro meses” como “reparación” al posible daño causado por su conducta.
El objeto de la presentación de esta tarde del Presidente fue “plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado ofreciendo depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán”, relataron en el Gobierno.
“Soy profesor de derecho penal. Por ahora, para decir lo que dije, no necesito un abogado”, dijo el Presidente en su círculo íntimo para explicar por qué no se presentó con un defensor. Gregorio Dalbón, que lo representó en otras causas, finalmente no fue designado en el expediente. La semana pasada, Dalbón dijo que el fiscal del caso, Ramiro González, es “un coimero” y que el juez de la causa, Sebastián Casanello, le importaba “un huevo”.
Fue en el juzgado de Casanello que Fernández presentó hoy su escrito, en el que pidió ser sobreseído.
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