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Modifican puntos de la Reforma Judicial y el oficialismo bloquea el tratamiento en Diputados

By on 21 agosto, 2020

Pese a que en el Senado obtuvo dictamen y se votará la semana que viene, el oficialismo no consigue el número necesario para sesionar en la Cámara Baja.


Tras la marcha del 17A el tratamiento de la reforma judicial va por dos caminos, mientras que en el Senado el proyecto siguió con la misma aceleración que traía, y, luego del dictamen que obtuvo el miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, se votará el jueves de la semana próxima. En Diputados la cosa es diferente: opositores y oficialismo están lejos del quórum para debatir, cuando la Cámara Baja les gire el proyecto.

El Senado incluyó cambios a la Reforma judicial que envió el Ejecutivo, que busca entre otros objetivos, licuar el poder de los doce juzgados federales de Comodoro Py que investigan la mayoría de las causas de corrupción del poder político sumando otros 34 jueces en ese fuero.

Entre las modificaciones que se hicieron al proyecto, se incluye la creación de cinco cámaras en provincias que no las tenían y también se descartó la idea de unificar el fuero Civil y Comercial y el Contencioso Administrativo. Como el dictamen no se hizo público, los senadores de la oposición sospechan que el oficialismo seguirá introduciendo cambios en el proyecto por afuera del límite que indica el reglamento de la Cámara, según informa Clarín.

En Diputados, los 118 diputados que tiene el oficialismo -el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se cuenta para dar el quórum pero no está habilitado para votar, salvo que se requieran mayorías especiales o se produzca un empate- , sumados a otros seis que, se estima, apoyarán el proyecto, no alcanzan a formar el número necesario de 129 legisladores para tratar la ley.

A los 116 diputados de Juntos por el Cambio, ahora se agregaron a la decisión de no dar quorum para tratar el poproyecto los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti; los dos socialistas de Santa Fe, un peronista salteño, el bloque del Peronismo Federal y los dos representantes de la izquierda.

De acuerdo a fuentes oficiales, los principales cambios efectuados al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo son los siguientes:

-Modificaciones en torno al sorteo de la causas: Se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. Así se evitará que «siempre» sean para los mismos jueces.

-Regla democrática de selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas y se garantiza la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

-Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.

-Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.

-Proceso acusatorio: La Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.

-Se crean nuevas Cámaras de Apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

-Régimen Penal Juvenil: Se avanzará con un proyecto de ley para no discriminar y dotar a la Justicia Federal del interior del país como a CABA de la especialidad que la Convención de los Derechos del Niño exige para los conflictos de los niños, niñas y adolescentes con el sistema penal.

Con información de Agencia Télam