Argentina suma respaldo internacional en su apelación por YPF: siete países se unen a EE.UU. contra el fallo de Preska
Buscan evitar que se ratifique el fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones.
En un giro diplomático clave, siete países se sumaron en las últimas horas al respaldo de Estados Unidos para apoyar a la República Argentina en su apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del litigio encabezado por Burford Capital. Así lo confirmó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, a través de su cuenta en X.
Los países que presentaron apoyo formal son Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel. “Se merecen aplausos quienes hayan movido los contactos diplomáticos para lograr este respaldo”, destacó Maril, aunque advirtió que el resultado no se conocerá hasta el primer trimestre de 2025. El plazo para sumar adhesiones vence esta noche, y la Procuración del Tesoro espera más presentaciones que serán comunicadas oficialmente mañana.
Este año, el Departamento de Justicia de EE.UU. ya había presentado un amicus curiae en favor de Argentina, cuestionando la aplicación del mecanismo de “turnover” para embargar activos soberanos fuera del territorio estadounidense. La defensa argentina, encabezada por Santiago Castro Videla, sostiene que el fallo de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), el derecho internacional y la legislación nacional que exige aprobación parlamentaria para cualquier transferencia de acciones de YPF.
El Estado argentino apeló el fallo “madre” que en 2023 lo condenó a pagar USD 16.000 millones —hoy más de USD 18.000 millones por intereses— a Burford Capital, firma que compró los derechos de litigio. Mientras se espera la presentación de las partes el mes próximo, Burford intenta ejecutar el fallo en el estrado de Preska, solicitando quedarse con las acciones estatales de YPF.
Argentina argumenta que el caso nunca debió litigarse en EE.UU., que el Estatuto de YPF no puede estar por encima de la ley de expropiación aprobada por el Congreso, y que el cálculo de la condena debería haberse hecho con el tipo de cambio de septiembre de 2023, no de abril de 2012. Además, cuestiona la tasa de interés aplicada por Preska (8%) y la exclusión de YPF como parte del proceso.
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