En la misma línea, sostuvo: «Las metas fiscales son incumplibles, con caída de ingresos y recaudación, con un superávit ficticio y una dinámica de ajuste cíclico permanente”. Además, advirtió que “vienen más ajustes sobre recursos provinciales, jubilados, discapacidad, salud, obras y todos los servicios” y concluyó: “Este gobierno está construyendo una verdadera bomba de deuda futura».
Entre las firmas en disidencia parcial figuró la de Innovación Federal, bloque liderado por Alberto Arrúa, cuyo integrante en la Comisión de Presupuesto es el exgobernador Oscar Herrera Ahuad. Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés cuestionó el artículo y sostuvo que las derogaciones son inconstitucionales ya que, “las leyes de presupuesto no podrán contener disposiciones de carácter permanente ni modificar o derogar leyes vigentes”.
Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional, las otras apuestas oficiales
El proyecto de Inocencia Fiscal consiguió dictamen de mayoría con 44 firmas en un plenario conducido por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal. Durante el debate, Rodríguez Machado afirmó: “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto pone fin a esa lógica y establece reglas claras donde el Estado debe probar y no perseguir”.
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa reorganiza el Régimen Penal Tributario, redefine los criterios para configurar delitos fiscales y prioriza la intervención penal en casos de evasión relevante, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial. También incorpora mecanismos para la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación y fija límites a los procesos cuando las facultades del fisco se encuentran prescriptas.
En paralelo, el Gobierno impulsa el proyecto denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer por ley el déficit cero y evitar la sanción de normas sin financiamiento. La reforma del Código Penal propone penas de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para funcionarios que autoricen gastos sin recursos acreditados, y sanciones de 3 a 10 años para autoridades del Banco Central, extendiendo la regla fiscal a toda la administración pública.
La iniciativa generó fuertes críticas. La diputada Karina Banfi, desde su monobloque Adelante Buenos Aires, expresó que “en principio yo estoy de acuerdo en que haya una cultura de parte de este Congreso a que llevemos adelante proyectos y leyes ajustadas a tener un resultado financiero equilibrado”, aunque advirtió que “tiene artículos que son inconstitucionales, se entromete en funciones exclusivas del Congreso; trata de disciplinar desde el Poder Ejecutivo al Congreso”.
En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó: “Este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad. Detrás de un objetivo que muchos compartimos, como el equilibrio fiscal, se esconde un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, totalmente desproporcionado con el fin que persigue”.
