El Tribunal Oral Federal 4 decidió postergar el final del juicio por “la ruta del dinero K” que iba a terminar este miércoles con las últimas palabras de siete procesados, fijándose una última audiencia para el 24 de febrero, en una decisón de flojos argumentos y que despierta un sinfín de especulaciones.
El TOF 4 tenía previsto leer los veredictos el próximo 10 de febrero, pero la resolución que recibieron las partes esta mañana habla de “la complejidad de la causa” y de la carga de audiencias que tienen los jueces en otros juicios. Lo cierto es que todas las partes consultadas sospechan que hubo diferencias para llegar a una sentencia final contra Lázaro Báez y el resto de los acusados.
En la audiencia de este miércoles ahora podrán decir sus últimas palabras Alejandro Ons Costa, César Fernandez, Jorge Cerrota, Christian Delli Quadri y Eduardo Castro. El 17 de febrero no habrá audiencia y para el 24 quedaron relegados Martín Eraso y Juan Alberto De Rasis, los dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que habrían participado de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral.
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina (Kirchner)”, graficó una fuente judicial. El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión.
Lázaro Báez arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.
El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin a 8 años de cárcel. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años. “No cometí ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”, se lamentó el hijo mayor de Báez el miércoles pasado. Dos días después recibió una mala noticia: el TOF 4 le prorrogó la prisión preventiva hasta el 7 de marzo aunque ya pasaron dos años desde su detención.
A los otros tres hijos del empresario, Melina, Luciana y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.
La mega maniobra de lavado llegó a sumar USD 54.872.875.
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