Clases presenciales: la Corte aceptó su competencia y resolvería esta semana
Mientras Nación y Ciudad se casan chispas tras la decisión de la justicia porteña que habilitó las clases presenciales, la Corte Suprema de Justicia resolvió este lunes que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto de necesidad y urgencia que cerró los colegios por dos semanas es de “competencia originaria” de ese tribunal.
De este modo sólo la Corte Suprema puede entender el amparo que formuló la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra el artículo segundo del decreto 241/2021, que fue el que interrumpió las clases presenciales.
“De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…). La acción entablada se sustanciará por la vía del proceso sumarísimo”, dispusieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La quinta integrante del tribunal, Elena Highton de Nolasco, votó en disidencia.
El máximo tribunal notificó de la decisión a las partes y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles.
Al reivindicar la intervención exclusiva de la Corte, el fallo pone virtualmente en entredicho a la medida cautelar dispuesta por una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo por la noche dispuso la continuidad de las clases presenciales.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, no tardó en expresarse en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones porteña y lo calificó de “mamarracho jurídico”.
“Estamos en una situación de gravedad institucional, extrema, y sería bueno que así como actuaron rápidamente con un per saltum que pidieron dos jueces que fueron trasladados ilegalmente por el macrismo, sería bueno que también intervenga rápidamente y solucione este conflicto que es político, porque desde el punto de vista jurídico no tiene ni pies ni cabeza”, indicó el funcionario en declaraciones con El Despate.
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