Tras el vencimiento del DNU que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana debido a la segunda ola de contagios de coronavirus, crecen las expectativas por la definición de la Corte Suprema. Los rumores señalan que el máximo tribunal podría avalar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para mantener las escuelas abiertas.
Esta resolución se dará a conocer como respuesta al amparo que presentó el gobierno porteño al no acatar la resolución del presidente Alberto Fernández a mitad de abril. El máximo tribunal esperó tener la respuesta de la Procuración General de la Nación sobre la “vista” que le dio sobre el expediente, aunque esa opinión no es vinculante para los jueces.
Vale recordar que la Corte ya había recibido el descargo de la Nación presentado a través de un largo escrito a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
Días atrás el máximo tribunal también desestimó el pedido del Gobierno para sumar como “parte” en el reclamo por las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires, y le otorgó al procurador general de la Nación interino Eduardo Casal un plazo de 72 horas para que emitiera su opinión ante el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de los fiscales dictaminó que el DNU es inconstitucional y así dejó todo listo para que la Corte se expida.
Cuáles son los argumentos de ambas partes
La ciudad de Buenos Aires pidió que se le ordenara al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.
El gobierno porteño afirmó que el decreto viola la autonomía de la Capital Federal e implicó una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”. Sostuvo que la medida “es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias”.
La postura de Nación a favor de la virtualidad
El documento del Procurador General del Tesoro habló de la necesidad de “proteger la vida y la salud pública” y cuestionó a la administración porteña por no haber acatado las medidas dispuestas por el Ejecutivo. En el texto se planteó que la restricción “no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación” por la segunda ola de contagios de COVID-19.
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