El Gobierno Nacional anunció este jueves que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior, que busca ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas en caso de “terrorismo” e impulsará otras iniciativas en el parlamento tendientes a combatir la inseguridad.
Las medidas fueron adoptadas a raíz de “la crítica situación en la ciudad de Rosario”, informaron en conferencia de prensa los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. Por este motivo, el Poder Ejecutivo avanzó en el envío de fuerzas federales.
Petri aseguró que ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para “actuar con total fuerza del Estado” y realizar tareas coordinadas que involucre a todos los poderes.
El accionar implica la modificación de la Ley de Seguridad Interior para “permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo”.
“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, amplió además.
El titular de Defensa aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”. “No es para delitos comunes”, aclaró.
Según precisaron los ministros, la intención avanzar en la modificación del Código Penal, por eso, se enviarán tres leyes autónomas caracterizadas como “necesarias”, además de Seguridad Interior: la Ley Antimafias, la de Reiterancia y la modificación en el registro de ADN.
Se trata de una serie de normas contempladas en la Ley Ómnibus que, amparado en su carácter de urgencia, el Gobierno optó por enviarlas en un paquete acotado.
En otro pasaje de la conferencia, Bullrich sostuvo que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal, para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos “que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.
La dos veces titular de Seguridad especificó que los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión. “Hay mecanismos institucionales, el derecho a la huelga y a impedir que las empresas trabajan es algo que va a estar agravado “, argumentó.
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