Se firmó la primera privatización en la era Milei

Finalmente, el Gobierno nacional hará efectiva su primera privatización tras la sanción de la Ley Bases, se trata de IMPSA, una empresa mendocina dedicada a la fabricación y distribución de tecnología energética, es decir, producen equipamiento para represas hidroeléctricas, para centrales nucleares, para parques eólicos y participa en la construcción de parques solares. Dentro de los principales interesados, aparecen grupos estadounidenses.

Dicha privatización se hará oficial este jueves desde las 12.30 en un acto donde estará el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo  y comenzará un proceso de due diligence previo a la concreción de la oferta. En esta línea, se espera que en los próximos 30 días diferentes inversores pueden presentar ofertas y luego se abre otra etapa de 60 días para mejorar las mismas propuestas.

La idea final es que la idea de que Nación y la provincia se corran y se garantice el normal funcionamiento de la empresa con capitales privados.

El CEO actual de la compañía designado por el Gobierno de Javier Milei es Horacio Aldo Chighizola, quien se había desempeñado como vicecanciller durante el Gobierno de Fernando de la Rua, presidente del Banco Ciudad y fue secretario de Estrategia y Asuntos Militares en la gestión de Macri hasta marzo de 2019.

Se sabe que el principal interesado en hacerse cargo de la empresa mendocina es un grupo estadounidense. Uno de los directores de la empresa, Julio Torontero afirmó que IMPSA tiene contratos que se aproximan a los 240 millones de Dólares, además tiene proyectos nuevos como el hidrógeno verde.

Se trata de una empresa vital para las nuevas tecnologías, ya que la misma produce generadores y equipamiento para represas hidroeléctricas, el equipamiento pesado para centrales nucleares, produce aerogeneradores para parques eólicos además de participar de la construcción y operación de parques solares, producir reactores para destilerías de hidrocarburos.

Actualmente, la empresa recuperada en el gobierno de Alberto Fernández, tiene 63.7% de las acciones en manos del estado, bajo la orbita del ministerio de Economía, el 21,2% en manos de la provincia de Mendoza y el 15,1% restante le pertenece a acreedores privados, de este porcentaje un 5,3% es controlado por un fideicomiso integrado por los accionistas originales.