El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno confirmó la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo creado en 2017 para centralizar políticas vinculadas al sector. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que la estructura será absorbida por el Ministerio de Salud en el marco del proceso de reestructuración del Estado.

Adorni justificó la medida en la existencia de “irregularidades” en la asignación de pensiones y contrataciones, aunque evitó mencionar el escándalo de corrupción que involucró a exfuncionarios del organismo, entre ellos Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y allegado al presidente Javier Milei. En audios difundidos meses atrás se hablaba de presuntos pagos de coimas en la compra de medicamentos, con referencias a dirigentes cercanos al mandatario como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

El vocero presidencial aseguró que la decisión “no implica un recorte de pensiones”, aunque sí conlleva la pérdida de la autarquía que caracterizaba a la ANDIS. Desde la Casa Rosada se destacó que la absorción permitirá “transparentar la gestión” y reducir gastos, con la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45 % en la estructura jerárquica.

Mientras tanto, la causa judicial por corrupción avanza en Comodoro Py. En octubre, la Justicia secuestró casi 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos en la casa de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como lobista entre droguerías y la ANDIS. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita vinculada a contrataciones irregulares y pagos ilegales.

El cierre de la ANDIS se inscribe en una política más amplia de achicamiento del Estado impulsada por el Gobierno de Milei, que ya había aplicado recortes en programas de discapacidad y rechazado la ley de emergencia sancionada por el Congreso. La medida genera preocupación en organizaciones sociales y asociaciones de personas con discapacidad, que advierten sobre el riesgo de desarticulación de políticas específicas y pérdida de representación institucional.