El Gobierno elimina el arancel a celulares: esperan rebajas de hasta 30%

“El cambio mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios de mercado y facilitará la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto.

A partir de este jueves 15 de enero entrará en vigencia la eliminación total del arancel de importación para teléfonos celulares, medida que el Gobierno dispuso mediante el Decreto 333/2025. El esquema había comenzado con una reducción progresiva —primero al 9,5%— hasta llegar ahora a cero, con el objetivo de abaratar los precios y ampliar el acceso a la tecnología.

“El cambio mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios de mercado y facilitará la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto. La decisión impacta directamente en la industria radicada en Tierra del Fuego, aunque las autoridades nacionales sostienen que permitirá que un mayor número de consumidores acceda a dispositivos a menor costo.

Impacto en los precios

El Gobierno estima que la eliminación del arancel podría traducirse en rebajas de entre el 15% y el 30% en los modelos importados de gama media y baja. La diferencia se explicaría no solo por la quita impositiva directa, sino también por la mayor competencia entre marcas y distribuidores, que presionaría a la baja los márgenes comerciales.

Sin embargo, especialistas advierten que la baja no será inmediata ni uniforme. En el corto plazo, muchos comercios seguirán vendiendo stock ingresado bajo el esquema anterior, por lo que el ajuste de precios podría verse recién en las próximas semanas o meses. Además, factores como el tipo de cambio, los costos logísticos y la política comercial de cada marca serán determinantes para que la reducción se refleje plenamente en las góndolas.

Ejemplos concretos

Un celular que hoy se vende en torno a los 500.000 pesos podría bajar entre 75.000 y 150.000 pesos. En los modelos más económicos, el recorte sería menor en valores absolutos, pero significativo en proporción. Desde el Ejecutivo confían en que, una vez normalizado el flujo de importaciones, la medida genere un cambio estructural en el mercado y acerque los precios locales a los valores internacionales, una brecha que históricamente castigó al consumidor argentino.