El primer paso del Gobierno para reestructurar la deuda soberana

El Gobierno nacional avanza en la negociación con los tenedores de 35 bonos y el primer paso fue dado por el presidente Alberto Fernández este martes al autorizar al ministro de Economía Martín Guzmán a refinanciar U$S68.842 millones en bonos emitidos bajo ley extranjera. El decreto no incluye los tramos de deuda contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S44.000 millones.

Según explica la norma publicada en el Boletín Oficial, «mediante la Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, entre otras cuestiones, se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la Argentina».

Además señala que «las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York – Estados Unidos-, Londres – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio – Japón -«.

Entre otros puntos importantes, se aclara que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana «será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto». Indica además que «no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan en el artículo 3º de la Ley N°27.544».

El decreto se publica en momentos muy agitados para la Bolsa de Buenos Aires, que ayer sufrió un derrumbe de 13,8% en el índice Merval y con pérdidas de cerca de 15% en los bonos argentinos que cotizan en Nueva York. El índice de riesgo país llegó a los 2.700 puntos, su nivel más alto en 15 años.

El Gobierno debe presentar a fin de marzo su propuesta a los acreedores. En teoría, esta semana debería tener lugar una definición de la nueva propuesta de pago que haría el Palacio de Hacienda, que debería responder qué plazos, tasas de interés y quitas para los acreedores tendría el programa. Una vez definida la oferta y se lance públicamente, el Ministerio pasará a la etapa de recepción de respuestas por parte de los tenedores de bonos.