El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a imponer duras sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, busca reemplazar el esquema vigente desde 2011 —centrado en hidrocarburos— por un régimen amplio que abarca tanto recursos renovables como no renovables.
Sanciones y penas de prisión
- Multas económicas: Para quienes realicen actividades no autorizadas, las multas oscilarán entre el equivalente a 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, pudiendo alcanzar un tope de hasta tres millones de barriles en casos de mayor gravedad.
- Prisión por hidrocarburos: La exploración o explotación de recursos no renovables contemplará penas de 12 a 20 años de cárcel. Específicamente, la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos no autorizados fijará condenas de 15 a 20 años.
- Inhabilitaciones y suspensiones: Se establecen inhabilitaciones de entre 5 y 20 años, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la revocación de permisos y, en situaciones extremas, la disolución o liquidación de las empresas involucradas. Durante la sanción, las compañías no podrán operar en el país ni acceder a beneficios impositivos o previsionales.
Alcance a proveedores y regularización
La normativa penaliza también a los proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales a sabiendas de su destino, imponiéndoles penas de cinco a siete años de prisión y restricciones para contratar con el Estado.
Asimismo, la propuesta incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan con condiciones económicas o de inversión en el país.
Creación del Sistema de Seguridad Nacional
La ley contempla además la creación de un Sistema de Seguridad Nacional para articular las áreas diplomática, económica, jurídica, cibernética, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. Su órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para endurecer sanciones a petroleras que operen en las Malvinas