Aseguran que el estado de salud del exfuncionario es «crítico» y que forma parte de los grupos de mayor riesgo frente a la pandemia.
El Gobierno pidió a través de la Secretaría de Derechos Humanos que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, el exfuncionario de Transporte durante la gestión de Cristina Kirchner condenado a ocho años de cárcel por la tragedia de Once.
La solicitud fue realizada por medio de una nota firmada por el secretario Horacio Petragalla Corti y por Mariano Przybylski, el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.
«Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime«, señala el documento, y agrega: «Toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad».
Entre los argumentos, se hace mención a la «crítica» salud del ex titular Transporte en el contexto del avance del coronavirus a nivel local. «Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención», indican en el comunicado.
En esa línea, el Gobierno advierte que la situación empeora aún más cuando se tienen en cuenta «las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región». De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto puede significar «un mayor riesgo ante el avance del Covid-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad».
Cabe recordar que el martes de la semana pasada, Jaime inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, después de que la Justicia rechazara los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria que presentó por miedo a contagiarse coronavirus.
Se cortó la racha: el Banco Central vendió US$171 millones en medio de la devaluación del real