Willy Kohan: “Halcones y gorriones, todos fastidiados con Alberto Fernández”

Seis meses después de haber llegado al Gobierno y a pesar de mantener una razonable consideración en la opinión pública por el manejo del coronavirus, el presidente Alberto Fernández enfrenta su peor momento político.

Golpea cada vez más en la sociedad el derrumbe económico por los efectos locales e internacionales de la pandemia, una realidad agravada también por la forma extrema en que el país debe administrar las cuarentenas en función de las limitaciones ya conocidas respecto de la situación general del país: déficit de los sistemas sanitarios, la realidad socio económica en los barrios más vulnerables y la capacidad operativa del Estado para atender la emergencia.

Una vez más se observó como nunca en estas horas que el llamado «Estado presente» que tantos recursos se lleva en la Argentina, no es capaz ni siquiera de organizar una fila de autos en los accesos a la Capital. Quien mejor lo expresó fue el intendente de Avellaneda, en Santa Fe [Dionisio Scarpin]: «El Estado que no puede ni cortar el pasto de la ruta 11, quiere venir a salvar Vicentin».

La realidad angustia: comercios y pymes cierran sin perspectivas de volver a retomar sus actividades, industrias y empresas extranjeras dejan de operar en la Argentina y trasladan su producción a Brasil, en tanto los números y pronósticos que se conocen sobre el futuro económico resultan cada vez más preocupantes.

La debacle económica acelera la crisis política. El Presidente ha venido perdiendo autoridad en forma muy notable en las últimas semanas. Termina siendo cuestionado por todos, de derecha a izquierda, en su voluntad de hacer equilibrio permanente entre sus aliados del Instituto Patria que se referencian en Cristina Kirchner, y los sectores más moderados del peronismo con los que ganó la elección y prometió gobernar

El enfrentamiento con el campo sigue creciendo y se agravó a partir del caso Vicentin. La escalada ya es peligrosa, al punto que el sector ha denunciado una acción sistemática de ataques a productores agropecuarios ante la pasividad de las autoridades. Responsabilidad directa de gobernadores e intendentes que hacen la vista gorda ante activistas políticos organizados; pero también ausencia de señales de las máximas autoridades del país.

El sector político del peronismo no cristinista que lo acompañó a Alberto en el acuerdo con Cristina para llegar al poder comienza a inquietarse. Para desmarcarse un poco, Sergio Massa presentó ayer un proyecto de ley contra los ataques a silobolsas y establecimientos agropecuarios. Un gesto testimonial, pero significativo en este momento.

Todos los aliados de la coalición oficialista le reclaman al Presidente un gobierno más activo. Reclaman un cambio de gabinete, tanto desde el Instituto Patria como en el Frente Renovador. Será un test interesante para observar cómo sale el Presidente de este atolladero. Sus ministros de mayor confianza vienen siendo cuestionados por el cristinismo. Están en la lista Marcela Losardo, Gustavo Beliz, Claudio Moroni y Santiago Cafiero.

Mientras, por las dudas, los economistas de Sergio Massa preparan un plan económico alternativo, aunque nadie apuesta a que Cristina autorice la salida de Guzmán.

Sergio Berni sigue desatado. Aprovechando el caos en los accesos a Capital por la cuarentena, pide públicamente la renuncia de la ministra de Seguridad desafiando al Jefe de Estado. Si todavía Berni sigue en su cargo, explica el periodista Alberto Valdez, «es porque obviamente actúa con la bendición de Cristina».

Ni siquiera el amague de un acuerdo por la deuda logra disipar el pesimismo en el mundo económico. Parece difícil evitar que haya juicios de acreedores contra la Argentina aún después de un acuerdo, lo cual significaría que el entendimiento no alcanzaría para reducir significativamente el riesgo país y permitir que se abra el crédito voluntario para el país.

El debate sobre el futuro de la inflación divide a los economistas. Está claro que los efectos combinados de la pandemia y las cuarentenas eternas para la economía determinan una explosión de déficit fiscal que se cubre con un tsunami de emisión de billetes sin respaldo. Cómo lograr que todo ese combo no termine en una peligrosa aceleración inflacionaria es la clave para los próximos 6 a 12 meses.