Arrancan las sesiones extraordinarias con la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil en el centro del debate

El Congreso pone en marcha este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero, con los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil en el centro del debate.

En el marco de negociaciones políticas no exentas de tensiones y debates con las provincias, la convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero.

De este modo, el Gobierno fijó un marco temporal y temático preciso, que limita el margen de maniobra del Parlamento fuera del período ordinario.

El Gobierno busca avanzar con iniciativas centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran la mayor parte de los debates políticos, mientras se mantienen abiertas otras discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.

Entre los proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Ejecutivo.

Además, en los últimos días, el Gobierno confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas.

En este marco, cobró fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada públicamente por el PRO, un aliado clave de Milei en el Parlamento.

La reforma laboral es el objetivo más importante de las extraordinarias, pero también el proyecto que concentra mayores resistencias. El principal foco de conflicto con los gobernadores está en el capítulo tributario, en particular en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de manera directa en los recursos coparticipables.

El proyecto prevé bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según cálculos hechos sobre la base de las proyecciones del Presupuesto 2026, la baja total de recaudación sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple, las jurisdicciones recibirían durante 2026 unos $144.000 millones menos por mes.

Por otra parte, otro de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque en Balcarce 50 admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.

El antecedente inmediato es el dictamen que obtuvo el año pasado en Diputados, cuando un plenario de comisiones consensuó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos, y desde el PRO plantearon que bajar la edad a 13 implicaría duplicar la población de menores alojados en el sistema.

El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién en sesiones ordinarias, a partir de marzo.