Coparticipación: Alberto Fernández anunció que acatará el fallo de la Corte

Además, reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda.

El presidente Alberto Fernández finalmente comunicó que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia e informó que le pagará al Gobierno de la Ciudad lo que le indicó la Justicia a través de bonos. Además, reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

«Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer», planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.

Días después de haber calificado el fallo de «imposible cumplimiento», planteó: «Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos».

«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes«, aclaró.

En la misma línea, según lo expuesto por Noticias Argentinas (NA), recordó que los bonos TX31 fueron aceptados por la Corte ante una demanda por coparticipación planteada por la provincia de Santa Fe. «Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda», ironizó Fernández.

Se trata de bonos del Tesoro que nunca fueron licitados y fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.

Manifestó también que las políticas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y planteó que si se afectan los recursos de la Nación «se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas».

“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo el Presidente sobre el método para reintegrarle a la Ciudad el 2.95%.

A su parte, reveló que instruyó al procurador Carlos Zaninni para que efectúe una presentación formal de recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial, y además, ordenó recusar a los integrantes de la Corte que firmaron la resolución.

De la misma forma, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley.

Aunque el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo, no se privó de cuestionar a la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, denunció.

«Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce«, cerró el mandatario.

A finales de la semana pasada, el Gobierno había anunciado a través de un comunicado firmado de forma conjunto con 14 gobernadores que no acataría el fallo. A su parte, desde la administración porteña estudiaban alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo y avanzaban con denuncias penales contra el Presidente.