El ministro Martín Guzmán adelantó que el diálogo seguirá hasta el 22 de junio con el fin de acercar posiciones.
La dura pulseada entre el Gobierno y los acreedores por la reestructuración de US$ 66.000 millones se resolverá en el último minuto, estiman desde la Casa Rosada. “Todo se definirá al final del período de suscripción, los acreedores tomarán su decisión a último momento, cuando cuenten con la mayor información disponible”, consideró el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien pidió dejar de lado la “ansiedad de cuándo, cómo y quién acuerda».
Hasta el 22 de junio el ministro de Economía continuará el diálogo con los acreedores para intentar «enmendar» su oferta de pago y acercar posiciones. El canje de deuda entra en una nueva recta final aunque desde el Poder Ejecutivo se guarda el derecho de prolongar aún más el proceso de diálogo.
Vale recordar que una primera propuesta fue presentada el 17 de abril pasado y hace diez días se conoció una modificación con cláusulas levemente más favorables a los bonistas. Ese avance fue insuficiente para lograr la aprobación de los tres principales grupos de acreedores que negocian con línea directa con Guzmán.
«Estamos trabajando con los acreedores para acercarnos lo máximo posible a un punto que le sirva a Argentina. Buscamos un acuerdo que cuide a la Argentina, que sirva para toda la Argentina, no solamente para algunos sectores», dijo el jefe del Palacio de Hacienda.
«Esto es un proceso. Resolverlo lo más rápido posible es lo mejor para todas las partes. Pero lo más importante es resolverlo bien. Ese es un camino que hay que transitar, y hoy no estamos en condiciones de enmendar la oferta pero sí apuntamos a enmendarla», agregó el funcionario en una nota con el diario Perfil.
Respecto a la oferta vigente, Guzmán consideró que «el recorte de capital es muy modesto» y que «lo que se hace es normalizar las tasas de interés, llevarlas a niveles que el país pueda enfrentar, que no son los niveles que fueron pactados (al momento de emitir la deuda), menos en un contexto en que no hay acceso al mercado de crédito».
Según estimaciones privadas, entre la segunda oferta oficial y la contrapropuesta de los acreedores, existen aún unos U$S21.000 millones de diferencia. Según el estudio Rubinstein y Asociados, los bonistas pretenden pagos hasta 2046 por U$S107.237 millones mientras que el Palacio de Hacienda prevé U$S86.196 millones.
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