El Congreso vuelve a tratar tres proyectos para reformar la ley de alquileres

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados busca emitir un dictamen para que las iniciativas lleguen al recinto antes del 10 de diciembre. Las diferencias con la oposición.
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados debatirá este martes tres proyectos de ley de alquileres con el fin de emitir un dictamen que permita llevar alguno de ellos -o todos- al recinto antes del 10 de diciembre.
El diputado de Cambiemos y presidente de la comisión, Daniel Lipovetzky, puso su firma en el proyecto en el que trabajaron desde comienzos de año el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. A dicho texto se suman otros dos, que llevan firmas de legisladores justicialistas: uno encabezado por Felipe Solá (bloques Red por Argentina y Movimiento Evita) y otro liderado por Agustín Rossi (Frente para la Victoria).
Con similitudes y algunas diferencias con la oposición, los borradores comenzarán a discutirse a las 17. Los legisladores invitaron a exponer al referente de la Federación Nacional de Inquilinos e Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz y al vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federico López Castromil.
Plazos y ajustes por precios y salarios
Sendas iniciativas ofrecen subir a tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler de vivienda (actualmente, el mínimo es de dos años). También coinciden en definir actualizaciones del contrato basadas en un indicador compuesto, en partes iguales, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el índice de remuneraciones Ripte, que el Banco Central deberá informar mensualmente.
De todos modos, se autoriza a definir aumentos semestrales, mientras que los textos de Rossi y Solá permiten un aumento por año.
La actualización por precios y salarios regirá en los contratos de hasta 1000 UVA mensuales ($42.200 actuales), de acuerdo a la propuesta del Gobierno. El proyecto de Rossi duplica ese tope hasta el equivalente a 2000 UVA. El de Solá no fija tope para esta regulación.
Comisión inmobiliaria y garantía
Permiten fijar a las partes un domicilio electrónico, para que las notificaciones puedan hacerse por e-mail. También prohíben que se le cobre comisión inmobiliaria al inquilino, aunque el texto del Gobierno permite hacerlo si hay expresa aceptación de todas las partes.
En cuanto a la garantía, las tres iniciativas indican que el locatario deberá aceptar garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo). El texto del oficialismo dispone que el locatario deberá acercar al locador al menos dos opciones.
El proyecto de Rossi, en tanto, agrega un beneficio para jubilados y pensionados nacionales.
Registro del contrato
La idea limita los gastos de ingreso al inmueble, al establecer que no se podrá pedir al inquilino más de un mes de adelanto ni más de un mes de depósito. Tampoco se le podrá exigir que firme un pagaré. En todos los casos, las reparaciones del inmueble (por daños que no sean atribuibles al locador) y el pago de impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias estarán a cargo del propietario.
Los textos también obligan al locador a registrar el contrato. El proyecto de Lipovetzky y el de Solá obligan al propietario a hacerlo ante la AFIP, mientras que el de Rossi propone hacerlo ante el Registro de la propiedad Inmueble.
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