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El Gobierno promulgó la Ley Antimafias para combatir el crimen organizado

10 de marzo de 2025

La ley endurece las penas a diversos delitos, como narcotráfico, corrupción y tráfico de personas.

El lunes, el Gobierno promulgó la Ley Antimafias a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, luego de ser sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Esta ley endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como objetivo desarticular las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas.

El primer capítulo de la ley establece que se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Estos grupos deben actuar de manera continua en áreas geográficas determinadas y con modalidades operativas definidas, siempre con la intención de obtener beneficios ilícitos o intimidar a la población.

La ley es aplicable a diversos delitos, como narcotráfico, corrupción y tráfico de personas. Además, introduce criterios claros para investigar la vinculación de delitos con organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas y la intención de amedrentar a autoridades o desplazarse a otras áreas de control.

Un aspecto destacado es la investigación especial que la ley permite bajo ciertas circunstancias. Las autoridades judiciales pueden declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial, facilitando intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la justicia. Esto también permitirá la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.

Otro punto clave de la ley es la modificación del Código Penal, introduciendo nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita. Las penas pueden variar entre ocho y veinte años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.