“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que atenta contra la sociedad”, afirma el argumento de la condena a CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) difundió los fundamentos por los cuales decidieron condenar a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces del TOF 2.
Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso enviaron el escrito a las partes intervinientes por el sistema judicial Lex-100 y no está previsto que se realice una audiencia especial.
A partir de este momento, los abogados se encuentran en condiciones de apelar las sentencias y absoluciones para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Para eso, poseen 10 días hábiles, pero es probable que pidan una prórroga de ese plazo por lo extenso y complejo del caso.
La resolución de 1616 páginas cuenta con las firmas de los miembros del Tribunal y del secretario de Cámara, Tomás Santiago Cisneros.
Los motivos centrales de la acusación a la ex mandataria fueron los negocios que tenía Lázaro Báez y los mensajes dilucidados en el celular de José López, lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. Los magistrados hablaron de “vínculos promiscuos y corruptos” y “lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación”.
“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad”, expresaron.
Y añadieron: “Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
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