Intendentes ya tienen el poder para el control y fiscalización de precios

Lo dispuso el Poder Ejecutivo a través del DNU 351 publicado en Boletín Oficial. Los jefes comunales deberán garantizar que vuelvan a los valores máximos de principios de marzo.

El Gobierno nacional a través del decreto 351/2020 le otorgó a los intendentes de todo el país el control y la fiscalización de precios buscando evitar aumentos indiscriminados, como los que se produjeron apenas anunciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia del coronavirus.

El documento ya fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el de Interior, Eduardo de Pedro.

«Que dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general», se afirma en el texto oficial.

El decreto busca garantizar el cumplimiento de la aplicación de los precios máximos que dispuso el gobierno y le da el poder de «policía» a los intendentes para ese cumplimiento.

Por eso, el Gobierno decidió: «Convócase a los Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo».

Asimismo, se convoca a los gobernadores y al jefe de gobierno porteño «a realizar el control y juzgamiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo» y a que coordinen el mencionado trabajo con los intendentes.

Deberán garantizar que los pequeños comercios cumplan con la exigencia de retrotraer los precios máximos de 2300 productos a los vigentes el 6 de marzo, tres días de que se detectara el primer infectado por el virus en el país.

También en el decreto se establece que desde la Secretaría de Comercio Interior «brindará a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas».