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Manes denunció a Caputo por “amenazas coactivas” y pidió medidas de protección para su familia

5 de marzo de 2025

El diputado nacional Facundo Manes presentó este martes por la noche una denuncia penal contra Santiago Caputo por “amenazas coactivas” por el cruce que tuvieron tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

El médico radical acusó al asesor presidencial de cometer el delito de “amenazas coactivas” al increparlo de manera “sorpresiva y violenta». Además, solicitó medidas de protección para él y su familia y pidió ser querellante en la causa.

La denuncia fue presentada a última hora del martes en Comodoro Py y la Cámara Federal determinará este miércoles por la mañana cuál es el juzgado que tomará la causa. En su denuncia, Manes pidió que ese sorteo “se realice de forma manual utilizando el método de bolillero y con respaldo audiovisual del acto».

Al momento de requerir ser tenido en cuenta como parte querellante, el referente de la UCR también pidió que la justicia federal instruya el caso y abra una “urgente investigación de lo sucedido”.

“Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas de que se ha configurado el delito de amenazas agravadas”, expresó Manes en la denuncia.

El diputado identificó a Caputo como uno de los integrantes del “triángulo de hierro” que, según señaló, “se encarga de la administración general del país de forma paraconstitucional”. Además, aseguró que el asesor presidencial tiene “injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado”.

Además, afirmó: “La inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas».

“De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria”, agregó.