Nueva ofensiva judicial contra la AFA: ARCA denunció el uso de facturas apócrifas por millones

El organismo recaudador detectó irregularidades en la contabilidad de la asociación que superan los 375 millones de pesos. La presentación judicial apunta a una presunta red de proveedores inexistentes para evadir impuestos.

La relación entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un nuevo pico de tensión. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) formalizó una nueva denuncia penal contra la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia, acusándola de haber utilizado facturas apócrifas por un monto que asciende a los 375 millones de pesos.

La denuncia, que surge tras una exhaustiva auditoría sobre los movimientos contables de la institución de la calle Viamonte, señala la existencia de una presunta maniobra de evasión fiscal. Según los inspectores de ARCA, la AFA habría registrado gastos respaldados por comprobantes de proveedores que no poseen capacidad operativa, económica ni financiera para prestar los servicios declarados.

El esquema detectado funcionaría a través de la contratación de «empresas fantasma» o «usinas de facturas», una metodología utilizada para abultar gastos y, en consecuencia, reducir de manera ilegítima el pago del Impuesto a las Ganancias y el IVA.

Esta presentación no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de auditorías que el Poder Ejecutivo ha impulsado sobre el manejo financiero del fútbol local. La lupa oficial se ha posado especialmente sobre los contratos de patrocinio, los derechos de televisión y el uso de los fondos provenientes de las cuotas sociales de los clubes.

Desde el organismo recaudador indicaron que la investigación abarca varios periodos fiscales y que la cifra de 375 millones de pesos podría incrementarse a medida que se profundice el análisis de la cadena de proveedores.

Posibles consecuencias

La justicia deberá ahora determinar la responsabilidad de los directivos de la AFA en la confección y presentación de esta documentación. De comprobarse el delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas, los responsables podrían enfrentar penas de prisión, además de las millonarias multas y embargos que el organismo fiscal podría solicitar para recuperar los fondos no ingresados al erario público.

Por el momento, desde la AFA no han emitido un comunicado oficial, aunque fuentes cercanas a la entidad sugieren que se trata de una «persecución política» enmarcada en la disputa por el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el Gobierno nacional.