La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció al ministro de Justicia, Martín Soria, por “persecución política” tras la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) a su fundación.
La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, que investigará la circunstancias en que fue invadido el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil.
En ese sentido, la abogada de Bullrich, Silvina Martínez, sostuvo que “lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista”.
El Ministerio de Justicia, a pedido de Ricardo Nissen, intervino este miércoles la fundación de Bullrich, por 180 días, para “normalizarla”.
“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó”, dijo la letrada de la referente del PRO en su escrito.
“Se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”, sostuvo.
“Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen”, destacó.
“Nissen lleva su pedido de intervención al ministro Soria, quien sin más dicta la intervención con desplazamiento de sus autoridades de la asociación civil. Digo ‘lleva’ porque el expediente administrativo de IGJ no tiene movimientos desde el 29 de mayo de 2023 y figura en la Secretaria Privada del Inspector General. Es decir, en el escritorio de Nissen, quien se atrinchera con las actuaciones administrativas como un trofeo de guerra. Martín Soria dicta la resolución 742/2023 y designa a la contadora Norma Cristóbal (amiga de Nissen) como interventora, con desplazamiento de autoridades, quien debe efectuar todas las gestiones tendientes a ‘normalizar’ la entidad”, añadió Martínez.
“Desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 años!!!. Ello porque la ley orgánica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso”, concluyó.
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