Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron procesados este miércoles por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria en 2018.
Además, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país, según consta en el fallo de 172 páginas.
El magistrado también procesó al ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, y emargó sus bienes por 700 mil pesos, tal como había solicitado el fiscal Santiago Eyherabide.
Previamente ya había sido también procesado el ex jefe de Operaciones Especiales de Contrainteligencia, Alan Ruiz, el hombre que coordinaba los operativos.
El juez Augé sostuvo que “a pedido de” Arribas y Majdalani, en el año 2018, “Ruiz dio las órdenes verbales y directas” de proceder a hacer tareas de “espionaje ilegal sobre la sede de reunión política y sobre el domicilio particular de Cristina Fernández de Kirchner, de manera tal que se instaló personal de la AFI del área de vigilancia y seguimiento dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos”.
En el fallo, el magistrado agregó que esas “actividades de inteligencia prohibidas por la Ley 25.520 que fueron ordenadas por las más altas esferas jerárquicas de la Agencia Federal de Inteligencia”, tenían un “especial interés en la observación de movimientos que pudieran evidenciar el ingreso o salida de personas, y dinero, cajas o bolsas”.
“En esos términos y en razón de su clara irregularidad, varios de los agentes destinados a desarrollar los espionajes, comenzaron a quejarse e insistían en que no tenían permitido realizar observaciones, vigilancias y/o seguimientos a políticos, menos aún a una ex presidenta de la Nación, ya que esto era una regla establecida y conocida por todas las personas que trabajan para la AFI”, aseguró el juez en el procesamiento.
“Esa obviedad de la irregularidad se confirma en tanto, ante la resistencia a llevar adelante las observaciones desde distintos estratos jerárquicos, Alan Ruiz les respondió que había que hacerlas igual, pues, era una orden directa de “la 8”, en referencia a Silvia Majdalani, y que existía “la necesaria cobertura legal para realizar dicha actividad”, sostuvo.
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