Reabrirán la investigación por el vacunatorio VIP tras la decisión de la Cámara Federal

Luego de la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa, los camaristas hicieron lugar al pedido de apelación del fiscal Sergio Rodríguez. Además, indicaron que las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.

La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada de la causa del “Vacunatorio VIP” y dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti deba profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios. Además, deberá indagar penalmente a todos los que recibieron una dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus dentro del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada y además, validaron su legitimidad de actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas.

En ese sentido, la resolución estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para el personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayaron que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.

“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. También el x ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

En otra resolución paralela, la Cámara Federal hizo lugar al pedido de una asociación civil para convertirse en querellante. Se trata de la asociación civil Bases Republicanas, que lidera una ex funcionaria macrista Jimena De La Torre. De esta manera, la causa tendrá ahora el impulso de un acusador privado, más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. No es un dato menor si se tiene en cuenta que inicialmente el fiscal Eduardo Taiano no había apelado la resolución y la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había sido cuestionada por las defensas.