El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, anticipó este jueves que las elecciones ejecutivas provinciales serán desdobladas del calendario electoral nacional, por lo que no coincidirán con las presidenciales. Tucumán es la primera provincia en adelantar las elecciones del 2023, y de esta manera, el gobierno provincial se desmarca de la Casa Rosada.
En declaraciones a la prensa, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo norteño confirmó que el 4 de junio del año que viene los tucumanos deberán concurrir a las urnas para renovar las autoridades locales.
Jaldo dijo que en 2023 “se mantendrá” la fecha de las elecciones provinciales de 2019, cuando se adelantaron a junio: “Lo que creo que la fecha hasta acá es junio, nuestro espacio político va respetar esa fecha, en la que votamos 2019″.
«No tenemos otra alternativa, otra opción, y tampoco está en la agenda ni del Gobierno provincial, ni del Partido Justicialista modificar esa fecha de junio en la que hemos votado en 2019», explicó a La Gaceta.
La Constitución provincial, en su artículo 43 inciso 5, establece que el gobernador «podrá convocar a elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales si lo considera conveniente«, aunque en el apartado siguiente indica que «la elección de autoridades se efectuará dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo lo dispuesto en el caso previsto en el inciso anterior».
En 2019 un fallo de la Justicia tucumana había declarado la inconstitucionalidad del artículo 43 inciso 6 de la Constitución local y así había eliminado cualquier tipo de plazo para la convocatoria a los comicios, por considerar que los convencionales constituyentes que redactaron el texto se extralimitaron en ese punto.
De acuerdo a lo establecido por el Código Nacional Electoral, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben realizarse el segundo domingo de agosto, mientras que las generales deben llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre: es decir que las urnas estarán dispuestas para el 13 de agosto y el 22 de octubre del año próximo para los comicios presidenciales. En caso de que sea necesario un ballotage, tendrá que celebrarse «dentro de los 30 días» posteriores a las generales.
De todos modos, pese a la apresurada confirmación sobre el calendario electora, deberá ser confirmado por el Poder Ejecutivo, que debe formalizar la convocatoria a las urnas a través de un decreto en el Boletín Oficial.
