Willy Kohan: “Terminaron mal los presidentes que despreciaron a los economistas”

Al responder el fin de semana por qué no convoca a un comité de expertos en economía y otras disciplinas para sumar a los médicos que lo asesoran en la batalla contra el coronavirus , el presidente Alberto Fernández explicó que el problema es que los economistas responden a intereses y «no siempre están del lado de la vida».

Impresionante la confesión del jefe de Estado sobre sus sentimientos y percepciones. Con todas las letras. Notable por lo sincero y aleccionador del comentario, desde ya; y porque permite comprender lo que opina de las leyes básicas del equilibrio económico buena parte de la dirigencia política en la Argentina, en particular quienes llegan a los cargos de mayor responsabilidad.

Interesante para analizar esta reciente verdad revelada del jefe de Estado que permite entender mucho de lo que ocurre, ocurrió y tal vez ocurrirá en la Argentina que viene. Mejor que la primera respuesta que sobre el mismo tema había formulado: «Con la economía es distinto que con la medicina, porque de economía ‘Yo algo sé'», le había dicho Fernández a Santiago del Moro por televisión hace varias semanas.

Está claro que Alberto Fernández no es el primer presidente que desprecia a los economistas. Interesa mirarlo desde el punto de vista de la ciencia económica. Del buen saber y entender de los profesionales del ramo. No tanto la cuestiones personales o ideológicas, que seguramente existen y se agravan con la grieta política.

Se trata más bien de un desprecio a lo que representan los economistas para buena parte de la dirigencia política: son finalmente los que pinchan globos y arruinan las fiestas, porque su trabajo es advertir sobre los límites razonables que la realidad tarde o temprano impone como consecuencia futura de las medidas que se adoptan hoy y que definitivamente terminan impactando sobre la vida y la muerte de la gente. Un fenómeno qué comprendió todo el mundo, todos nuestros vecinos también, pero que por alguna maldición no encaja en la Argentina.

Los economistas a los que el Presidente y tantos otros presidentes no quieren escuchar son los que explican que la pobreza, la desigualdad y las angustias que golpean a los argentinos hace décadas, básicamente la inflación y la devaluación permanente, son responsabilidad de lo que hacen los gobiernos. Colocan la responsabilidad en los que gobiernan. No en la gente que compra dólares o las empresas que suben los precios. Los que advierten que, tal vez, la cuarentena extrema termine matando más gente que el Covid-19.

Para cuidar la vida es imperioso que el Presidente escuche a los economistas. También a psicólogos, urbanistas, sociólogos y tantos otros científicos para sentar a la mesa. Para discutir el presente gravísimo de la Argentina en la pandemia y sobre todo el futuro para recuperarse del tremendo golpe.

Le convendría también al Presidente escuchar a los economistas por su propio futuro político. En todos los casos, sus antecesores inmediatos que no lo hicieron terminaron perdiendo las elecciones y fuera del poder.

Un caso inolvidable para todo el país, sobre todo por la explosión de pobreza que generó, fue la desatención de Fernando de la Rúa y la UCR a las advertencias de Ricardo López Murphy meses antes del fin traumático de la convertibilidad en 2001 .

Cuando Néstor Kirchner se lo quitó de encima a Roberto Lavagna la inflación aceleró, nunca más hubo economistas que pudieran imponer cierta racionalidad, y los Kirchner comenzaron a perder las elecciones. La opción de Cristina por el radicalizado Axel Kicillof terminó con la actual vicepresidenta como mariscal de la derrota en tres elecciones seguidas: en 2013, 2015 y 2017. No le dio resultado Kicillof como el antimodelo de los economistas moderados en materia monetaria, fiscal y de respeto a la propiedad privada. El default y el cepo fueron una calamidad para Cristina.

Ni hablar la experiencia de Mauricio Macri, cuyo ninguneo a los economistas fue aún más sorprendente y derivó en una gran decepción. Nunca quiso tener un ministro de Economía con peso relevante y mucho menos avanzar en serio en el ajuste del Estado. Comenzó su gobierno con la friolera de 23 ministerios, jamás privatizó un solo organismo y prefirió tapar con endeudamiento de corto plazo el creciente desajuste fiscal que le terminó explotando a los dos años de gobierno, sin que nunca se pudiera recuperar.

Cuando los economistas profesionales le advertían al presidente Macri que por ese camino se corría el riesgo de una explosión financiera que lo sacara del poder y trajera otra vez al populismo a la Argentina, la respuesta en la mesa chica del expresidente de Boca Jr. no era tan distinta a la del presidente Fernández. Liberalotes o plateístas los llamaban.

Fue inolvidable la presentación del exjefe de Gabinete Marcos Peña ante todo el establishment en el Coloquio de Idea después del triunfo de las parlamentarias de 2017: «En la Argentina, dijo, los economistas son antiguos, obsoletos y por momentos perversos». Fue cuando reflexionó que aquellos que cuestionaban los desequilibrios que no se querían enfrentar «eran pasajeros de business» que se quejaban de que la comida estaba fría, mientras el gobierno trataba de aterrizar el avión en medio de la tormenta.

En la platea, José Torello, entonces jefe de asesores de la Casa Rosada, les decía a los empresarios de IDEA que, en lugar de escuchar a los economistas críticos, debían agradecer que Macri los hubiera salvado de ser Venezuela. Seis meses más tarde, disparado por la sequía y el corte del crédito internacional comenzaría la debacle que ni los casi 60 mil millones del FMI pudieron detener.

Mi experiencia en casi 40 años de periodista siguiendo la economía del país, es que los presidentes eligen a los economistas como muchas veces las personas eligen a los médicos. Optan por aquel que les dice que algo pueden fumar, algo pueden excederse, que no es para tanto, que no hay que exagerar con el ajuste.

Porque también los economistas tienen ambiciones personales y en muchos casos, por ascender a permanecer en el cargo, dicen lo que el jefe político quiere escuchar, que en general no son malas noticias, como pasa con todos los jefes. La seriedad y la trayectoria, como en todos los oficios, se miden por la honestidad intelectual a lo largo de los años.

Está claro que los economistas con los que se siente cómodo el Presidente son aquellos que los exculpan de responsabilidad sobre los males presentes y futuros. Nada nuevo, los han tenido todos los presidentes, con más o menos radicalización ideológica: construir un relato de la herencia recibida que tampoco es tan difícil mirando la mayoría de las últimas transiciones; y conseguir responsables por la inflación, la suba del dólar, los tropiezos con los acreedores, la pobreza, el desastre del conurbano o los efectos de una cuarentena extrema, mal calculada y sin estrategia de salida.

La novedad esta vez es el surgimiento de un modelo político y económico para la Argentina distinto al que figura en los derechos y garantías consagrados en la Constitución de 1994, que un grupo de economistas y dirigentes políticos del Gobierno y cercanos al Gobierno están promoviendo y buscando acelerar en medio de las tremendas consecuencias socio-económicas que impuso el coronavirus para los años por venir.

Con esos profesionales, economistas y científicos, el Presidente se siente gusto y confía. A esos economistas sí parece dispuesto a escuchar y convocar. Tiene que ver con el nuevo Contrato Social o el Nuevo Orden del que hablaba Cristina en la campaña electoral. Construir la sociedad pospandemia, según explicó justamente un economista muy relevante, en este caso Axel Kicillof. El país que salga de la cuarentena tiene que ser otro, distinto al que entró, se le atribuye como reflexión al jefe heredero, Máximo Kirchner.

Más Estado, más impuestos, intervención en los mercados y en la formación de los precios, más controles al mercado de cambios y al comercio exterior, créditos y depósitos regulados y, intervención estatal en el control y gestión de las compañías privadas y, sobre todo, un nuevo concepto en el que la propiedad privada está sujeta al bien común que regula y determina el Estado, al arbitrio de funcionarios iluminados que deciden sobre la vida de todos. La cuarentena permanente, ahora por la fuerza mayor de los efectos devastadores de la pandemia.