Qué pierde el Gobierno con la eliminación temporal de las retenciones

El recorte temporal de derechos de exportación tendrá un costo fiscal que equivale casi a la mitad del superávit financiero de 2024

En un movimiento que busca aliviar la carga fiscal del sector agropecuario, el Gobierno argentino anunció una reducción en los derechos de exportación para productos agrícolas, medida que tendrá un impacto fiscal estimado en 800 millones de dólares, equivalente al 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI). Según informó la prensa local, esta decisión representa poco menos de la mitad del superávit financiero proyectado para 2024, que se ubica en el 0,3% del PBI. El decreto que oficializa esta medida será publicado el próximo lunes, momento en el que entrarán en vigor las nuevas alícuotas.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión por parte de los productores agropecuarios, quienes, a través de la Mesa de Enlace, habían solicitado una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir la eliminación de las retenciones y otros temas relacionados con la competitividad del sector. La decisión del Ejecutivo también coincide con negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha insistido en la necesidad de ajustes en el esquema cambiario como parte de las condiciones para futuros desembolsos.

El costo fiscal de esta medida, según estimaciones del economista Claudio Caprarulo de la consultora Analytica, equivale al 0,13% del PBI, lo que representa un esfuerzo significativo en un contexto de restricciones presupuestarias. Caprarulo señaló que para eliminar completamente los derechos de exportación, el Estado necesitaría un superávit de 8.000 millones de dólares, una cifra que actualmente parece inalcanzable.

De acuerdo con la Fundación Mediterránea, los derechos de exportación han representado históricamente entre el 0,6% y el 3,1% del PBI desde su restablecimiento en 2002. En 2024, se estima que este gravamen aportará entre el 1% y el 1,1% del PBI, lo que refleja una disminución significativa en comparación con años anteriores. Sin embargo, esta reducción se produce en un momento en el que el Gobierno enfrenta desafíos para mantener la sostenibilidad fiscal, lo que complica la posibilidad de eliminar completamente las retenciones en el corto plazo.

El ministro Luis Caputo aprovechó el anuncio para instar a los gobernadores y a los intendentes a reducir la presión impositiva en sus respectivas jurisdicciones. Según el funcionario, la baja en los derechos de exportación generará un aumento en la recaudación de impuestos coparticipables, lo que permitirá mayores transferencias automáticas a las provincias. «Sería bueno que todas las exigencias o reclamos se concentren a nivel de provincias y municipios», afirmó Caputo, en un mensaje dirigido a los líderes locales.

El Gobierno también proyecta que un crecimiento económico del 5% en 2025 podría generar una recaudación adicional de hasta 1,2 puntos del PBI, lo que facilitaría una disminución adicional de los impuestos. Sin embargo, el consenso del mercado, reflejado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), anticipa una expansión económica más moderada, cercana al 4%.

Crisis en el sector agropecuario

La decisión de reducir las retenciones llega en un momento crítico para el sector agropecuario, que enfrenta una caída significativa en los precios internacionales de los granos. Según un informe de la Fundación Mediterránea, el precio promedio de la soja en el mercado de Chicago fue de 361 dólares por tonelada en diciembre de 2024, un 27% por debajo del promedio histórico entre 2002 y 2023, y el nivel más bajo desde 2006. En el mercado local, esta caída se traduce en una pérdida del 30% en el poder adquisitivo de este cultivo, lo que agrava la situación de los productores.

Además, la carga tributaria total para el sector sigue siendo elevada. En la región núcleo, los derechos de exportación representarán el 44% de una carga fiscal total del 64% sobre la renta agrícola en 2025. En las zonas extrapampeanas, este porcentaje será aún mayor, alcanzando el 57% de una carga total del 74%. Estos niveles de presión impositiva dificultan la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional y limitan la capacidad de inversión de los productores.

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del sector agropecuario, había solicitado una reunión con el ministro Caputo para plantear una serie de demandas, entre las que se incluyen la eliminación total de los derechos de exportación, un esquema impositivo más equilibrado que contemple las particularidades de las economías regionales y medidas de financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores. Aunque el Gobierno decidió anticiparse con la reducción de las retenciones, los representantes del sector consideran que esta medida es insuficiente para resolver los problemas estructurales que enfrenta la actividad.

Relación con el FMI y perspectivas futuras

El anuncio también se enmarca en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que ha presionado al Gobierno argentino para realizar ajustes en el esquema cambiario como parte de las condiciones para nuevos desembolsos. Sin embargo, el ministro Caputo aseguró que el programa económico continuará siendo el diseñado por Argentina, sin modificaciones en medidas como el dólar blend, que ha sido objeto de críticas por parte del organismo internacional.

En términos de perspectivas, el Gobierno estima que un repunte de la actividad económica podría generar los recursos necesarios para avanzar en una reducción adicional de los impuestos. Sin embargo, Caputo advirtió que este será un proceso gradual, ya que el país no cuenta con el superávit necesario para implementar cambios más profundos en el corto plazo. «No podemos comprometer el esfuerzo de todos los argentinos para llegar adonde hemos llegado», concluyó el ministro.

La publicación del decreto oficial el próximo lunes marcará el inicio de esta nueva etapa en la política fiscal del Gobierno, que busca equilibrar las demandas del sector agropecuario con las restricciones presupuestarias y los compromisos internacionales.