Ley Bases: el Gobierno logró la aprobación en general

Fue por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los diputados iniciarán la votación en particular. Posteriormente, votarán en general el paquete fiscal.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue con el apoyo de la oposición dialoguista y ahora encara la votación de artículos clave. Luego se votará en general el paquete fiscal.

El resultado de la votación en general de la Ley Base tras más horas de exposiciones y debates fue: 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones.

La iniciativa contó con el apoyo del bloque de Pro -su aliado incondicional- como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. 

La aprobación de los capítulos en particular será larga dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave como las facultades delegadas para disolver organismos públicos, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, los impuestos al tabaco y las privatizaciones.

Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central.

La iniciativa además incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.