La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, el cual causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas.
La presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.
La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento con la debida diligencia y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.
“El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, asegura el fallo.
La sentencia establece que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, al acceso a la información, al derecho a conocer la verdad, y a la integridad psíquica y moral de las víctimas y sus familiares.
“El Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación”, explica la sentencia.
El texto agrega que “se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”.
Los jueces interamericanos ordenaron al Estado “remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias”.
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