La Jueza Loretta Preska autorizó el embargo para Argentina de u$s210 millones por los Bonos Brady

El conflicto involucró los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90′.

La jueza Loretta Preska autorizó el embargo de u$s210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. Además, ordenó la congelación de otros u$s100 millones hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores de deuda en default, resolvieran su disputa sobre esos fondos.

Esta medida se sumó a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.

Los acreedores, conocidos por su posición de holdouts desde el default de 2001, lograron obtener fallos favorables para embargar activos de Argentina debido a que no recibieron pagos en los procesos de reestructuración de deuda. En este caso, Attestor Master tenía derecho sobre u$s460 millones y Bainbridge Fund sobre u$s100 millones. La Corte Suprema de EE.UU. rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, dejando en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

El conflicto involucró los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa resultó en nuevos embargos, sumando más presión sobre el país.

A pesar de que otros fondos, como Bainbridge Fund, intentaron ampliar el embargo, la jueza Preska solo autorizó la congelación de u$s100 millones. En cuanto a los fondos involucrados, como Attestor Master, Trinity Investments, y Bison Bee LLC, se trató de tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes realizados por el país en 2005, 2010 y 2016, y que ahora buscaban recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado argentino.

Este nuevo embargo a los activos argentinos resaltó la persistencia de los holdouts en su lucha por cobrar deuda impaga desde el default de 2001. La decisión de la jueza Preska, sumada al rechazo de la apelación de Argentina por parte de la Corte Suprema de EE.UU., reforzó la presión sobre el país en un contexto económico complicado.

A pesar de los esfuerzos por liberar los colaterales de los bonos Brady, los acreedores continuaron avanzando en sus reclamos, demostrando que las consecuencias del default aún persistían más de dos décadas después. Este escenario planteó nuevos desafíos para Argentina, que debía enfrentar una disputa legal prolongada mientras buscaba estabilizar su economía.