Polémica por el control profesional en Higiene y Seguridad: advierten «zonas grises muy peligrosas»

Desde el Consejo Profesional de Ingeniería Química cuestionaron el esquema de doble matriculación aprobado en la Ciudad.

La presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ), Marcela De Luca, alertó que la ley recientemente aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires —aún pendiente de promulgación por el Ejecutivo— podría generar un vacío de control en el ejercicio profesional vinculado a la Higiene y Seguridad, con consecuencias directas sobre la protección de los ciudadanos.

En declaraciones radiales, De Luca explicó que la norma equipara a los Consejos Profesionales creados por ley con asociaciones civiles privadas, lo que abriría la puerta a un esquema de doble matriculación. “Esto generaría zonas grises muy peligrosas: si dos entidades matriculan y controlan, en los hechos puede terminar pasando que nadie controle”, sostuvo.

La titular del CPIQ remarcó que el Consejo regula las incumbencias de los profesionales de acuerdo con la legislación nacional y que, además de matricular, tiene facultades disciplinarias y de sanción. “Si un profesional actúa mal, el Consejo puede sancionarlo, incluso quitarle la matrícula e impedirle ejercer en cualquier parte del país. Ese control es clave cuando se trata de actividades que involucran riesgos”, señaló.

De Luca vinculó el debate con antecedentes recientes en la Ciudad, como el accidente ocurrido el 4 de diciembre, cuando la caída de un andamio provocó la muerte de una persona. “Ese es el riesgo del que hablamos cuando fallan los controles”, advirtió. También recordó que en 2007 una iniciativa similar fue vetada por el Poder Ejecutivo porteño justamente por los peligros que implicaba la doble matriculación.

Finalmente, la presidente del CPIQ subrayó que la posición del Consejo no responde a una disputa corporativa, sino a la defensa del interés público. “Las actividades de Higiene y Seguridad, de Medio Ambiente y de control industrial están directamente relacionadas con la seguridad de las personas, de las empresas y de los bienes. Por eso deben estar reguladas por organismos creados por ley, con profesionales con incumbencias claras y con capacidad real de sanción”, concluyó.