La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó oficialmente a sesiones en el Senado, para tratar la reforma laboral, en una reaparición pública tras un prolongado bajo perfil.
Los dos decretos de la presidencia del Senado numerados DPP-1/26 y DPP-2/26, marcaron sus primeras intervenciones formales del año en medio de las tensas relaciones con el presidente Javier Milei.
Según los documentos fechados el 4 de febrero de 2026, Villarruel convocó a una Sesión Pública Especial para el miércoles 11 de febrero a las 11 horas, con el objetivo de tratar el dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Modernización Laboral.
Además, citó a una Sesión Preparatoria para el martes 24 de febrero a las 12, en cumplimiento del artículo 1° del Reglamento del Senado. La aparición de Villarruel para rubricar estas convocatorias resulta significativa en el contexto de su relación deteriorada con Milei.
Las diferencias políticas entre el Presidente y su vice han derivado en un progresivo distanciamiento que se tradujo en una notable reducción de apariciones públicas de la titular del Senado durante gran parte del último año.
El proyecto de Modernización Laboral que se debatirá el 11 de febrero representa una de las iniciativas clave del Gobierno para avanzar en la flexibilización de las relaciones laborales, un eje central del programa económico libertario.
La convocatoria sugiere que, más allá de las tensiones internas, Villarruel mantiene su rol institucional como presidenta del Senado para impulsar la agenda legislativa oficial.
Los decretos llevan las firmas de Villarruel y del secretario parlamentario, con el sello oficial del Senado de la Nación. La convocatoria se realizó en respuesta a solicitudes de diversos senadores, según consta en el expediente S-2157/25, y se enmarca en las disposiciones reglamentarias vigentes para las sesiones especiales.
La reaparición de Villarruel en este contexto plantea interrogantes sobre si se trata de un gesto de normalización de su rol institucional o simplemente del cumplimiento de funciones protocolares ineludibles. Lo cierto es que su bajo perfil público de los últimos meses había generado especulaciones sobre el alcance real de su influencia dentro del Gobierno.
La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en el último año