Malvinas: el Gobierno evalúa sancionar a las pesqueras en la ley que enviará al Congreso

El Gobierno evalúa ampliar el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incorporar sanciones a actividades pesqueras no autorizadas en el entorno de las Islas Malvinas. La medida fue debatida durante la última reunión de la mesa política oficialista e implica modificar la Ley 26.659, conocida como «Ley Pino Solanas», normativa que hasta el momento establece castigos enfocados principalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de la Plataforma Continental Argentina.

El giro en la redacción surge tras reclamos del bloque peronista luego de la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei. Durante la sesión parlamentaria de este jueves, el titular de la bancada de la oposición, Germán Martínez, insistió formalmente en endurecer el régimen punitivo agregando al sector pesquero.

El Poder Ejecutivo prevé remitir el texto definitivo al Congreso el próximo lunes. Dentro de la Casa Rosada analizan si el envío se realizará por vía administrativa tradicional o mediante la presencia de un funcionario clave para exponer el articulado. Entre los posibles encargados figuran los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes intervinieron en la elaboración del proyecto. La meta de la administración libertaria es debatir la iniciativa en la Cámara de Diputados entre finales de septiembre y principios de octubre, apostando a un ágil trámite legislativo.

La avanzada parlamentaria se produce en paralelo a las medidas oficiales contra firmas ligadas a proyectos petroleros no autorizados en el archipiélago, con foco en el emprendimiento Sea Lion. En ese sentido, el Presidente remarcó durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín» que la norma inhabilitará a los proveedores de estas empresas a contratar con el Estado o con privados en el territorio nacional. Además, confirmó que ya se abrieron procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas por operar sin permiso en la cuenca Malvinas, y ratificó la reasignación de partidas presupuestarias para inversiones en telecomunicaciones y la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, aclarando que no afectará el equilibrio fiscal ni el superávit proyectado.