El Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.
Además, fue condenado el exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; mientras que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.
El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con disidencias.
Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos, sino que deberán cumplir reglas de conducta durante el período de la condena.
“Es un absurdo: no se animaron a decir que después de 15 años no cometimos ningún delito. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho”, dijo Schoklender tras el veredicto.
Al comienzo de la audiencia, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.
Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza”.
La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17:00 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.
El juicio había comenzado en marzo pasado sobre la causa que involucraba a la fundación ‘Sueños Compartidos’, que investigó el desvío de fondos públicos, estimados en más de $206 millones de pesos, que el Estado Nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Fue para la construcción de viviendas sociales, pero el programa funcionó con serias irregularidades entre los años 2005 y 2011, con la realización de obras públicas con sobreprecios e, incluso, sin licitación.
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