Aerolíneas: el Gobierno apelará ante la Justicia de EE.UU. para evitar pagar US$390 millones

El Gobierno puso en marcha una nueva ofensiva legal en los Estados Unidos en el marco de la causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en lo que representa una maniobra decisiva dentro de un conflicto judicial que se extiende por más de una década.

La Procuración del Tesoro presentó un recurso de revisión ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia con el objetivo central de dilatar los plazos, evitar la ejecución de activos en el exterior y llevar el litigio a la Corte Suprema.

La meta prioritaria es frenar el cobro de una condena que supera los US$ 390,9 millones (más intereses acumulados) por la estatización de la aerolínea de bandera y bloquear un eventual avance del demandante sobre bienes e infraestructuras del Estado en el extranjero.

El origen del conflicto y la escalada legal

El litigio se remonta al fallo dictado en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ordenó indemnizar con US$ 321 millones al grupo español Marsans tras la reestatización de la compañía aérea durante el kirchnerismo. Con el correr de los años, los derechos del pleito pasaron por el fondo Burford Capital hasta quedar en manos de Titan Consortium, firma que actualmente exige la liquidación de la suma con sus respectivos intereses desde diciembre de 2024.

La disputa escaló en los tribunales de Washington D.C., donde Titan solicitó el reconocimiento formal de la sentencia. Pese a que la defensa argentina argumentó que el reclamo se encontraba prescripto bajo el plazo de tres años, la Corte de Distrito desestimó el planteo al determinar que el límite legal aplicable es de doce años.

La situación empeoró en julio pasado, cuando la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la condena, dejando abierta la vía para que el demandante tramite embargos sobre activos soberanos.

La estrategia de la Procuración

Frente al riesgo inminente de ejecución, la Procuración del Tesoro —liderada por Santiago Amerio, junto a la Secretaría Legal y Técnica— solicitó una revisión formal ante el mismo tribunal de apelaciones. Esta medida busca reexaminar vicios procesales y ganar margen de negociación antes de acudir, como última instancia, a la Corte Suprema de Estados Unidos.

• Sin suspensión inmediata: Por el momento, la defensa argentina optó por no solicitar una suspensión directa de la sentencia, por entender que dicha figura no encaja estrictamente en el estado actual del expediente.
• Ganar tiempo: El equipo jurídico analiza recursos alternativos para congelar la ejecución y replicar el precedente del caso YPF, donde el Segundo Circuito de Nueva York frenó medidas extraordinarias promovidas por Burford.

El impacto económico de las estatizaciones

La causa de Aerolíneas reaviva el debate sobre la factura económica que dejaron las reestatizaciones impulsadas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo con proyecciones públicas y privadas, las pérdidas operativas combinadas con las condenas judiciales dictadas en fueros internacionales ya representan un costo global de decenas de miles de millones de dólares para el Estado nacional.