El juez Diego Amarante procesó este lunes a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El magistrado no dictó la prisión preventiva de los imputados al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.
Además, ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial.
También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento
dicha circunstancia al Tribunal”.
La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a 19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.
La defensa de los dirigentes sostiene que la causa “carece de tipicidad” y que la AFA no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas
Hasta el momento, Tapia no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Su último mensaje público se dio a cononcer el domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión”, donde respaldó su conducción y, además de los logros deportivos, destacó “un balance económico positivo», en un contexto marcado por una fuerte investigación judicial.
El juez en lo Penal Económico citó a Tapia y a Toviggino y a otros dirigentes a declarar en tribunales semanas atrás por la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.
También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.
La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025
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