La Procuración General de la Nación dictaminó este jueves que el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA es inconstitucional. En un escrito presentado ante la Corte Suprema, sostuvo que los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son suficientes para legitimar la medida.
Más temprano, su homólogo porteño hizo un descargo en el mismo sentido. Así las cosas, todo quedó dispuesto para que el máximo tribunal resuelva el reclamo impulsado por la Ciudad de Buenos Aires en defensa de su autonomía para decidir el esquema educativo.
El jefe de los fiscales reconoció el poder de policía que el Estado nacional posee en medio de una situación de emergencia, pero al mismo tiempo admitió que la CABA es autónoma. Y lo más importante: aseguró que el decreto es inconstitucional. En ese escenario, concluyó que las medidas del Gobierno que podrían afectar la autonomía deben contar con buenos fundamentos y que en este caso puntual, eso no ocurrió.
“Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, sostuvo el procurador general interino de la Nación Eduardo Casal en su presentación de 49 páginas.
Y agregó: “No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”.
Ahora resta la decisión de la Corte, cuando este viernes dejará de tener vigencia el DNU. Sin embargo, en la Procuración esperan un pronunciamiento ordenador y que “deje marcado el camino hacia el futuro, para evitar futuras judicializaciones de temas tan sensibles y que generan en la ciudadanía una gran incertidumbre”.
Si bien el Procurador indicó que una decisión restrictiva” sobre la educación presencial, “requería un estudio pormenorizado en el que se analizara si, con el fin de disminuir el uso del transporte público de pasajeros, la suspensión de la presencialidad era necesaria en todo el AMBA o en algunas zonas determinadas de este aglomerado”.
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