Cuadernos: arranca el juicio por corrupción contra Cristina Kirchner, otros exfuncionarios K y empresarios

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dará inicio este jueves al juicio contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, entre otros ex funcionarios y un total de 60 empresarios en la denominada “Causa de los cuadernos”, el juicio por corrupción más grande de la historia argentina. La principal acusación recae sobre la expresidenta.

Desde las 9:30 y de manera online, la Justicia comenzará a juzgar “la mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”, según revela la investigación. Una asociación ilícita que funcionó desde 2003 a 2015 con el objetivo de cobrar sobornos a contratistas del Estado.

“Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, consideró en un informe la fiscal general, Fabiana León.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli que integran el TOF 7, escucharán a los 86 imputados, 60 de los cuales son empresarios.

En el centro de la acusación estará nuevamente la expresidenta Cristina Kirchner, aunque en esta oportunidad, la acusación es más grave aún. El dictamen sostiene que se encuentra acreditada su intervención “en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Kirchner, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”.

Para la justicia federal, la organización de la asociación ilícita contó con la participación de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Planificación Federal. Todos ocuparon diversos roles para garantizar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Stornelli detalló que la asociación ilícita estuvo constituida por más de tres personas destinada a “cometer delitos, la cual habría operado, con carácter permanente, al menos entre los años 2008 y 2015, ambos inclusive -ese período posteriormente fue prolongado a los años 2003-2015”.

Los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública, fueron los ejes centrales de la acusación.

A la expresidenta le imputó además ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.

Como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido; al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner. Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime.

Durante la investigación a cargo de Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.